¿Qué es la DAC 6 y qué pasa con ella?

Estándar

DAC puede significar varias cosas, podría significar, por ejemplo, Defensa Anti Carros o Digital to Analogue Converter, pero no, no es eso, es la Directive on Cooperative Administration de la Unión Europea, DAC-6, que es la directiva de cooperación administrativa en la que se modifica por sexta vez la directiva en materia de intercambio de información a efectos tributarios entre países de la unión europea.

La Directiva de Intermediarios fiscales o DAC 6 está siendo objeto de transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno, debiendo finalizar este proceso por parte de todos los Estados Miembros el 31 de diciembre de 2019. Para acomodar las exigencias impuestas por la Directiva se debe modificar la Ley General Tributaria añadiendo dos Disposiciones Adicionales, así como introducir los artículos 45 a 49 bis en el Reglamento General de Gestión e Inspección.

Los proyectos de transposición fueron publicados el pasado 20 de junio para ser sometidos al trámite de información pública, aunque intentan cumplir con los objetivos mínimos de la obligación de información por parte de los intermediarios fiscales, de los mecanismos de planificación fiscal potencialmente abusivos, dejan todavía muchos aspectos pendientes de regulación.

La Directiva de intermediarios fiscales estableció como plazo máximo para su transposición por parte de los Estados miembros el 31 de diciembre de 2019, debiendo empezar a informar sobre estos mecanismos por parte de los obligados a ello (intermediarios fiscales o los propios contribuyentes) a partir del 20 de julio de 2019.

El objetivo de la Directiva, al menos el expresado tanto en su exposición de motivos como en el Anteproyecto de Ley que la transpone al ordenamiento jurídico interno, es luchar contra el fraude y la evasión fiscal a través de la obtención de información de mecanismos transfronterizos potencialmente agresivos, así como disuadir respecto de la realización y comercialización de este tipo de mecanismos.

En la propia exposición de motivos de la Directiva que debe ser objeto de transposición, ya se pone el foco de atención en los intermediarios fiscales, a quienes identifica como sujetos que pueden participar en la creación de estructuras transnacionales con el objetivo de disminuir la carga tributaria de los contribuyentes. Así, puede leerse que:

«Es preciso recordar cómo determinados intermediarios financieros y otros asesores fiscales parecen haber ayudado activamente a sus clientes a ocultar dinero en el exterior. Además, aunque el ECCI (la Directiva 2014/107/UE del Consejo introdujo, para la información sobre las cuentas financieras en la Unión un Estándar Común de Comunicación de Información (ECCI) desarrollado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), supone un importante paso adelante en el establecimiento de un marco de transparencia fiscal dentro de la Unión, al menos en lo que se refiere a la información sobre cuentas financieras, aún puede mejorarse.»

Pues bien, el año 2019 se acaba y no hay transposición, esto se solventará de prisa y corriendo con un Real Decreto Ley de los de aquí estoy y si lo quieres lo tomas y si no también, porque es de “urgente y extraordinaria necesidad”, y teniendo en cuenta que la directiva se publicó en julio de 2018, suena a chiste lo de la urgente necesidad.

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