El Derecho al Error

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El 23 de enero de 2018 el Parlamento francés aprobó la Ley sobre «Un Estado al servicio de una sociedad de confianza», que es parte de dos pilares fundamentales. De un lado, la introducción de un derecho a cometer errores para todos, con el objetivo de transitar hacia una Administración de consejo y servicio. De otro, la simplificación de los procedimientos, corrigiendo el celo regulador que, como cualquier exceso, es dañino, impulsando, a su vez, mecanismos de control de la actuación administrativa.

Varios aspectos destacan por lo que afecta al ámbito tributario. De un lado, la incorporación del derecho a la fijación definitiva de la posición administrativa, como integrante del modelo de cumplimiento cooperativo. De otro, la utilización, sin complejos, de algo ajeno a la práctica normativa habitual: la introducción de medidas con carácter experimental, sujetas a evaluación de resultados y control posterior.

El «derecho al error» (droit a l’erreur) obedece a un principio de sentido común: la posibilidad de que cada francés se equivoque, en sus declaraciones tributarias, sin arriesgarse a una sanción desde la primera violación. Así que, debe poder rectificar, espontáneamente o durante un control, cuando el error se ha cometido a cabo de buena fe. Para ello, se revierte la carga de la prueba, correspondiendo a la Administración demostrar lo contrario. Ahora bien, no resulta aplicable a reincidentes o defraudadores, ni como un derecho a incumplir obligaciones tributarias de forma tardía.

Este derecho implica un profundo cambio en la relación que vincula a la Administración francesa y los ciudadanos, tanto en las prácticas a seguir como de filosofía, en torno a un valor clave: la confianza. Es preciso que la primera asesore antes de sancionar; apoye y libere, en lugar de prevenir, y simplifique, en lugar de complicar. A su vez, su configuración técnica permite una relativa distinción de los contribuyentes en función de su «historial» tributario.

 

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