NO ES LO MISMO “A ALFONSO GUERRA QUE GUERRA A ALFONSO, NI ES LO MISMO ACATAR QUE ATACAR

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Esto del lenguaje se está volviendo muy complicado, y yo no termino de entenderlo. Vamos a ver una cosa, a ver si consigo entender esto. Sé que no es lo mismo, aunque se parezcan, acatar que atacar, que no es lo mismo Alfonso Guerra que “guerra a Alfonso”… No es lo mismo tejidos y novedades en el piso de encima, que te jodes y no ves nada y, encima, te pisan. Es más, sé que: Bombín es a bombón como cojín es a equis, y me importa tres equis lo que dice Puigdemont. Pero… ¿Qué pasa con nuestros jueces y magistrados, supremos o no?

Comencemos por el principio. Una de las acepciones que da el diccionario de la Real Academia Española (RAE) para atacar es la de: Actuar contra algo para destruirlo. Para acatar el diccionario dice que es: Tributar homenaje de sumisión y respeto. Pues bien, está ocurriendo una cosa muy curiosa. Se dice ahora que se deja en libertad, o se va a dejar en libertad, a los políticos presos del disuelto gobierno catalán porque “acatan” el artículo 155 de la Constitución. Esto no se entiende bien. ¿El artículo 155 está vigente desde 1978, o no? ¿Entonces qué hay que acatar? Hay que cumplirlo y punto. Pero es que, además, es falso que lo acaten, porque no le rinden “homenaje de sumisión y respeto”, sino que, poniéndose una piel de cordero encima, dicen que lo “acatan” a regañadientes para luego, actuar contra el artículo con el fin de “destruirlo” en mítines, reuniones y actividades de agitación y propaganda. Es decir, lo que se hace es dar falsas excusas.

Hasta ahora creía yo que ante la Constitución nos encontrábamos ante una norma imperativa de obligado cumplimiento, o al menos esto fue lo que estudié en la facultad.

Es decir, que nos encontramos con una norma jurídica que posee un contenido del que los sujetos jurídicos no pueden prescindir, de manera que la regulación normativa que se haga de la materia tendrá completa validez independientemente de la voluntad del individuo.

El concepto de norma imperativa se contrapone al de norma dispositiva, pues en este último supuesto, la norma y su contenido están supeditadas al principio de voluntariedad, y su aplicación está limitada a los supuestos en los que los sujetos no regulen sus relaciones en sentido distinto al dictado por la norma dispositiva.

Es el tipo de norma predominante sobre todo en el derecho público. Cabe agregar que la mayor parte de las normas de los distintos ordenamientos jurídicos tienen carácter imperativo, aunque existe un mayor margen para la autonomía de la voluntad en el derecho privado. (Esto es lo que dice Wikipedia).

Dicho esto, y con el ánimo de aclararnos, vamos a poner un ejemplo conocido, es decir, el del juicio que se está celebrando en la Audiencia de Navarra contra la Manada (aunque yo creo que estos chicos se equivocaron con el lenguaje, como está pasando ahora con acatar y atacar, y al ponerse el nombre de manada, cambiaron la m por una n. (Si se hace “clic” aquí, se verá como define la RAE el término manada con “m”). Supongamos que los enjuiciados de “la manada”, se hubiesen presentado ante juez instructor y hubiesen dicho que acataban el artículo 179 del Código Penal, donde se castigan los delitos contra la libertad sexual y la violación, y que, incluso, acataban el artículo 180 donde se elevan los castigos por esas actividades delictivas cuando concurren ciertas circunstancias. ¿Sería creíble pensar que el instructor los hubiese dejado marchar hasta que se celebrase el juicio oral? Parece difícil de creer tal cosa.

La norma que rige la prisión provisional es la del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no la de “si se acata esto o lo otro”, en el artículo se establece, entre otras cosas, que:

1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

Parece que esto, y en particular lo del 2º, se cumple en el caso de los políticos presos. Vamos a ver qué nos dice su señoría el juez del Tribunal Supremo, instructor del caso.

Lo dicho, no es lo mismo, “acatar” que “atacar” el artículo 155 de la Constitución.

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¿Cautivos y desarmados…?

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El ataque final a Barcelona El óleo de Antoni Estruch Bros (1872-1857) pintado en 1909 y titulado L’onze de setembre de 1714 muestra el asalto final a Barcelona en 1714. Rafael Casanova, conseller en cap de la ciudad, cae herido junto a la bandera de Santa Eulalia. Foto: Fons d’art Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859

Cautivos y desarmados los nacionalistas catalanes el Gobierno de Mariano Rajoy ha alcanzado sus objetivos, las elecciones autonómicas catalanas han sido convocadas. ¿La guerra ha terminado?

En la situación actual llama la atención, después del apocalipsis que se había vaticinado con la declaración y entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución, que las cosas vayan funcionado de forma tan normal en Cataluña.

La calma existente recuerda las palabras de James Fitz-James, I duque de Berwick, general al mando de las tropas borbónicas que el 11 de septiembre de 1714, entraron en Barcelona, poniendo fin a la larga Guerra de Sucesión española que duraba ya catorce años:

En la mañana del día 13 los rebeldes se habían retirado ya de todos sus puestos; se dio señal a nuestras tropas, que marcharon a través de las calles con tal orden hacia los cuarteles que se les había asignado, que ni un solo soldado salió de las filas. Los habitantes permanecían en sus casas, en sus tiendas y en las calles, mirando pasar a nuestras tropas como si fuese en tiempo de paz; una circunstancia quizá increíble es ésta: que tan profunda tran­quilidad hubiese sucedido en un instante a tanta confusión; lo que es todavía más admirable, que una ciudad tomada por asalto no fuese saqueada; esto sólo puede atribuirse a Dios, ya que todo el poder de los hombres no hubiese podido contener a los soldados”.

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James Fitz-James, I duque de Berwick

Es más, llama poderosamente la atención la docilidad con la que los nacionalistas han aceptado el estatus establecido por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. A más a más, que dirían los mismos catalanes, llama todavía más la atención que los nacionalistas de “motu proprio” reconozcan que, en realidad, no estaban preparados para constituir un estado independiente en forma de república, aunque durante cuatro años, por poner un límite temporal, venían preparándola con cuerpo y alma, y toda clase de acciones en el exterior tendente a ello, utilizando abundantes medios económicos que se estiman por encima de los 400 millones de euros, de los cuales algunos provenían de las partidas presupuestaria dedicadas a dependencia social.

Ahora vamos conociendo cosas sorprendentes, entre otras, los intentos de adquirir por la Generalidad una importante partida de armas de guerra que no fue autorizada por el Ministerio de Defensa que debió preguntarse para qué querían tal arsenal los Mossos.

Hemos sabido que la Generalitat ante la perspectiva de no tener ejército propio había pensado en “arrendar” la defensa a algún país, es decir hacer una especie de “outsorcing of defense“. ¿En quién pensarían? Dado los apoyos internacionales que tienen, a quien único se me ocurre pensar es que fuese a la Federación Rusa, porque tratar de hacerlo con cualquier país perteneciente a la OTAN hubiese provocado un gran rechazo. Este posible contacto con Rusia es lo que debió desencadenar la reacción de la OTAN, y de sus países miembros, que se ha redoblado ante la acción al hackeo del referéndum del 1 de octubre hecho desde territorio ruso. Los servicios de información de todos los países occidentales dan por hecho que Rusia intenta desestabilizar todo lo que puede y más en concreto a la UE, pasándole factura por las sanciones económicas impuesta por la UE por la actuación de Rusia en Ucrania.

Ahora bien, pese esta especie de “Pax Mariana” que se ha impuesto, hay que saber que en Cataluña se sigue una trayectoria recurrente que trae una y otra vez al presente los viejos fantasmas que se han cernido siempre sobre España desde los Reyes Católicos que no supieron, o no quisieron, solucionar el problema de la existencia de una multiplicidad de reinos en el territorio de la Península Ibérica. Por ejemplo, lo del “arrendamiento de la defensa” a algún país extranjero, no es nada nuevo en el pensamiento separatista catalán. Ya durante la Guerra desencadenada en Cataluña contra Felipe IV, que duró desde 1640 hasta 1652, ya se propuso lo del arrendamiento de la defensa y lo de la república. Así, de esta forma Pau Claris, al frente de la Generalidad de Cataluña en 1640 impulsó la decisión de poner el territorio catalán bajo la protección y soberanía francesa. El 16 de enero de 1641, las instituciones gubernamentales catalanas pusieron a Cataluña “bajo protección del rey de Francia en un gobierno republicano”. Ahora se han recuperado las dos ideas: arrendamiento de la defensa y república.

En este panorama el desarme de los secesionistas es figurado. Todos los indicios llevan a esa conclusión. En efecto los esfuerzos por configurar la listas electorales para el día 21 diciembre, la inclusión de presos o procesados en ellas, los bandazos de Carmen Forcadell diciendo ante el Juez del Tribunal Supremo que “renegaba del proceso”, pero ahora incluyéndose en las listas…, la actividad propagandística de Carles Puigdemont que es entrevistado, incluso, por la cadena rusa RT… Volverán a las andadas, máxime cuando los pronósticos son que ganarán el 21 de diciembre.

Es poco tiempo el que se ha tenido desde la entrada en vigor de las medidas tomadas al amparo del 155 para desmontar lo que montaron los nacionalistas en tantos años.

El Gobierno de Rajoy hizo una utilización “muy política” del artículo 155. Digo “muy política”, no porque la utilización del artículo no implique una decisión política, sino porque se vio presionado por el PSOE y Ciudadanos para limitar mucho en el tiempo la toma del control de la Comunidad Autónoma por la Administración del Estado. Escasamente 55 días y como límite el 21 de diciembre, pero el artículo 155, hecho a imagen y semejanza del artículo 37 de la Constitución Alemana de 1949, es un instrumento jurídico político en manos de Estado que no establece límite temporal. Dice el artículo:

“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés”.

Existen constituciones federales europeas que prevén la existencia de Regiones Autónomas y se inclinan preferentemente por la suspensión o disolución de los órganos regionales o de los Estados miembros en caso de graves violaciones del orden constitucional, y establecen plazos para convocar elecciones, que suele ser de tres meses. Así ocurre con la Constitución Federal Austriaca (art. 100), Constitución de la República Italiana (art. 126) y Constitución de la República Portuguesa (art. 234), Constitución belga (tras la reforma de 1993).

La Constitución española no establece plazos, ni determina las medidas. Deja abierto esa situación, pero el Gobierno, en realidad, se asustó ante el vacío que se le abría a él solo, sin ningún apoyo de otro partido, y se quedó a medias en la aplicación del artículo. En realidad, salvo la destitución del Govern, que no es poco, y la convocatoria de las elecciones, no ha hecho nada más.

Los separatista están cautivos, algunos, pero saldrán pronto, cuando pase la causa al Tribunal Supremo, y no están tan “desarmados” como se cree.

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Una ocurrencia de Alonso: El Canary-Bexit ó el REF.2

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Propuesta del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, publicada en El Día.

Como no es suficiente compleja la situación de Canarias en la UE, y no crea y ha creado múltiples problemas de colisión con el Derecho Comunitario, al Presidente del cabildo de Tenerife se la ha ocurrido que se podría pedir que para Canarias y para el UK se siguiese aplicando las cuatro libertades básicas de la UE: libertad de circulación de bienes, de servicios, de capitales y trabajadores con Gran Betraña cuando esta abandone la UE. Es decir que lo que se plantea es hacer una Mini Unión Alglo-Canaria.

Así que, habría que establecer una aplicación especifica del Código Aduanero Común especial para la entrada de productos de Gran Betraña en Canarias. Cabría preguntarse si, despues de haber entrado esos productos en Canarias, que, por supuesto seguiría siendo territorio de la Unión, podría rexportarse a cualquier pais de la Union como producto canario para que entre sin pagar aranceles.

Asimismo, los trabajadores de origen británico podría trasladarse libermente a Canarias, salvando todos los requisitos que se necesitan para los trabajadores no comunitarios y, eso sí, claro, cuando los trabajadores “canarios españoles” entren en GB, sería sometidos a las normas de emigración británica aplicables a los trabajadores de la Unión Europea.

Todo esto habría que hacerlo bajo el amparo del carácter de región ultraperiferica, que es un concepto que, bien explotado, puede dar para mucho, como puede ser para la formulación del REF. Es decir, que lo que habría que hacer en la negociación sobre la reforma del REF (económico), que no termina llevarse a cabo, en las Cortes Generales del Estado, sería pedir que se incluyese lo que ahora pide Alonso. Por pedir que no quede. El único problema que existe es que cualquier modificación del REF, debe pasar primero por el Ministerio de Hacienda y ser aprobada por la Comisión de la Unión, y la experiencia dice que el “no es no” está dado por anticipado. Creo que sería mejor no sembrar vanas ilusiones y dedicarse a solucionar los problemas que tenemos. Al fin y al cabo, y por el momento, Carlos Alonso es presidente del cabildo de Tenerife y no del Gobierno de Canarias. A él le corresponde ocuparse de los problemas que pueda tener la Isla de Tenerife.

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La “tasa rosa” en Canarias: Mitos y realidades

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En los últimos días hemos leído, y oído, que «Canarias pone fin a la ‘tasa rosa’ que hacía pagar más a las mujeres que a los hombres»

Según las noticias dadas de fuentes del Parlamento de Canarias, a partir del 1 de enero de 2018, las mujeres canarias serán las primeras españolas que no pagarán esta tasa.

Se dice que «la “tasa rosa” es un impuesto indirecto por la compra de productos relacionados con la higiene femenina, como por ejemplo compresas y tampones. Las mujeres llevan pagando más que los hombres en objetos como cuchillas de afeitar y muchas de ellas aún lo hacen y lo seguirán haciendo. Pero en Canarias ya no. A partir del 1 de enero de 2018, las mujeres canarias serán las primeras españolas (y las únicas de momento) que dejarán de pagar la denominada ‘tasa rosa’, según el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2018».

En realidad, sobre este tema todo es confuso. Se habla de tasa, cuando es un impuesto. Como es sabido, una tasa es un tributo que se paga cuando la Administración presta un servicio a alguien o nos deja utilizar el dominio público de forma más intensiva que al resto de los ciudadano. Tampoco sé si la “tasa” se denomina “rosa” porque la Consejera de Hacienda se llama Rosa (Dávila Mamely).

El citado Proyecto de Ley de Presupuestos, prevé la modificación de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, de forma que se añaden en el artículo 52 de ella, que es donde se regulan los tipos impositivos “cero” las letras o), p) y q).

En la letra o) se prevé lo siguiente:

«o) Las entregas de compresas, tampones y protegeslips.»

¡Ok!. Todo claro. No más impuestos para estos productos.

¿Qué pasa hasta ahora? Pues que las mujeres canarias cuando compran sus productos para la higiene íntima tampoco pagan impuestos, porque el comercio al por menor está exento de IGIC en Canarias, como prevé el Artículo 50.- Exenciones en operaciones interiores, en su apartado 27º, de la citada Ley 4/2012, de 25 de junio. Dice:

27º. Las entregas de bienes que efectúen los comerciantes minoristas.
La exención no se extiende a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen dichos sujetos al margen de la referida actividad comercial.
Sin perjuicio de la exención establecida en el párrafo primero de este apartado, las importaciones de bienes que realicen los comerciantes minoristas para su actividad comercial estarán sometidas a un recargo, cuya exacción se realizará de acuerdo con el régimen especial que se regula en el artículo 58-bis de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y todo ello sin perjuicio de lo que se establece en el apartado siguiente.
Asimismo, estarán exentas las entregas de bienes muebles o semovientes que efectúen otros sujetos pasivos del Impuesto, siempre que éstos realicen una actividad comercial, cuando los destinatarios de tales entregas no tengan la condición de empresarios o profesionales o los bienes por ellos adquiridos no estén relacionados con el ejercicio de esas actividades empresariales o profesionales. Esta exención se limitará a la parte de la base imponible de estas entregas que corresponda al margen minorista que se incluya en la contraprestación. A estos efectos, la parte de la base imponible de las referidas entregas a la que no se aplique la exención se valorará aplicando el precio medio de venta que resulte de las entregas de bienes muebles o semovientes de igual naturaleza que los mismos sujetos pasivos realicen a comerciantes minoristas.

Así que, cuando un comprador en el comercio minorista, ya sea hombre o mujer, compra ahora, y desde el 1 de enero del 2018, compresas, tampones y protegeslips, no paga, ni pagará, IGIC. Si, por el contrario, se compraba al por mayor, sí que el comprador pagaría IGIC. ¿Pero quién compra compresas al por mayor?

Lo que puede ocurrir a partir del 1 de enero es que los comerciantes minoristas cuando compren a sus proveedores mayoristas paguen IGIC cero por esos productos, es decir nada, y luego, SIGAN REPERCUTIENDO en el precio al por menor el margen QUE APLICABAN ANTES para recuperar el IGIC que pagan por la adquisición de bienes y servicios y que no se pueden deducir por estar exentos del IGIC.

Lo que sí es cierto es que la importación de esos productos quedará sometida al tipo cero.

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El 155 Bis

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Escasamente una semana después de que el Senado hubiese autorizado al Gobierno de la Nación a aplicar el artículo 155 de la Constitución, la jueza de la Audiencia Nacional: Carmen Lamela ha aplicado el 155 Bis. El auto de la jueza puede tener un efecto más arrasador que la aprobación de la aplicación del artículo 155 y de las subsiguientes medidas gubernamentales tomadas a su amparo.

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El auto de la jueza contiene 4 razonamientos jurídicos que le llevarán a decretar el siguiente acuerdo:

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En el primero de los razonamientos jurídicos de su auto, la jueza viene a justificar su toma de posición respecto a las manifestaciones hechas por los querellados en la comparecencia, en las que afirman que han carecido de tiempo para estudiar la querella y preparar su defensa:

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Al final de este apartado dice la magistrada:

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En razonamiento segundo se dedica a analizar los parámetros que fija el TC que permiten aplicar una medida tan severa como es la de privación de libertada:

En el viene a concluir que:

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En el razonamiento tercero, la magistrada, utilizando la doctrina del TC y las previsiones contenidas en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hace un relato de hechos que considera probados y que, asimismo, considera muy graves tanto por la naturaleza de los delitos: rebelión (aunque este lo califica así provisionalmente), sedición, desobediencia y malversación, así como por las penas que llevan aparejadas. En este razonamiento constata que se dan todos los elementos para aplicar la medida de prisión provisional.

En el razonamiento cuarto dice:

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Sigue diciendo el auto:

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La magistrada, siguiendo lo prescrito en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite adoptar la medida de prisión provisional cuando se dan los requisitos mencionados en a) y b), que se dan según lo analizado por ella. Y añade:

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Nadie en su justos cabales jurídico, y yo menos, va a criticar la construcción lógico-jurídica impecable que hace la magistrada. Por otra parte, no seré yo el que no critique y repruebe, como sistemáticamente he hecho, la conducta política de los encarcelados. Si se prueban los hechos relatados por la magistrada, serán condenados con razón. Lo que trato de analizar aquí tampoco es si la medida es proporcionada. No es eso, lo que trato de analizar es si sobre el procedimiento de instrucción se ha sido lo suficientemente escrupuloso para que no quepa el más mínimo resquicio de duda de que se han respetado hasta el último extremo los requisitos formales del proceso, porque, al fin y la postre, se trata de la privación de un derecho fundamental de una persona que, por la falta de respeto a los requisitos formales va encontrase frente los poderes exorbitantes del Estado. Es el Estado frente a un individuo.

Aquí es donde me parece que la magistrada no ha estado muy precisa. Desde el principio de su auto trata de cubrir ese defecto y dice que “En consecuencia, considero que ninguna indefensión se ha ocasionado a ninguno de los investigados”. Asimismo dice que habiéndose realizado las declaraciones es cuando ha sabido que existían escritos solicitando la suspensión.

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¿Qué le hubiese costado a magistrada, como hizo su colega el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena aplazar la comparecencia unos días imponiendo medidas cautelares como, por ejemplo, vigilancia policial permanente?

Ella misma dice más adelante:

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Estas dudas abre las puertas a plantearse la indefensión de los querellados, que ya han sido anunciadas por sus abogados como motivos de impugnación del acuerdo del auto. Esto va a minar la brillante construcción de la magistrada. Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la UE anuló la sentencia contra José María Atutxa por defectos formales.

Sorprende, también, el trato desigual que da a los consejeros Forn y Turul frente a Vila. De los dos primeros, dice la jueza, que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017 pero les impone la medida de la prisión, por el contrario Vila que perteneció al Gobierno desde el principio, aunque entiende la jueza que en él concurren las mismas circunstancias que para el resto, le impone prisión con fianza:

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Se puede decir: ¡bah, son defectos formales, lo importante es el fondo¡

No es así, en este asunto tanto importa el fondo como la forma. “La forma es hermana gemela de libertad; es el freno de que detiene a los que quieren convertir la libertad en licencia, es la que contiene y protege; el pueblo que ama la libertada comprende instintivamente que la forma no es yugo, sino el guardián de la libertad”. (Rudolf von Ihering, El Espíritu del Derecho Romano”).

Hay que cuidar las formas. El Estado de Derecho Español está bajo la lupa internacional, en esta batalla no nos podemos permitir el lujo de sembrar dudas entre nuestros aliados porque muchos, entre otros Puigdemont y sus amigos tratarán de hacerlo. Da la impresión que la magistrada ha querido ir muy deprisa porque temía que los pájaros volaran, pero debía haber sido más cuidadosa. ¿Qué más da que se vayan? ¿Se van a escapar a la acción de la Justicia? No, más tarde o más temprano caerán bajo su acción. Lo importante ahora era desmontar la conjura, y ya se ha comenzado a hacer, la prisión provisional no era el primer objetivo y, por tanto, no era necesaria.

Por ese detalle de “presunta indefensión” bien manejado por abogados dispuestos a todo, como lo están los que defienden a los miembros del Govern, se puede echar al traste el resultado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Resulta paradójico que se fuese tan cuidadosos en aplicar éste, con resolución del Senado, con plazos de comparecencia en la comisión al Presidente de la Generalidad de Cataluña, con los debates y acuerdos de los grupos parlamentarios del Senado y que no se haya cuidado al detalle esta parte de la instrucción del proceso contra los separatistas. No puede ser que una resolución tan importante haya quedado, hasta ahora, en manos de un órgano unipersonal, como es una magistrada. No es una resolución cualquiera. No es la decisión de si a un ladrón se le mete provisionalmente en la cárcel porque se le pilló “in fraganti” robando. Una una medida de la naturaleza del acuerdo del auto no afecta solamente a una persona, el auto de la jueza afecta a toda una nación.

Si los separatistas del Gobierno de la Generalidad se escapan al extranjero su desprestigio social será mayor aún, el refrán dice: “a enemigo que huye, puente de plata”. Dejadlos que se vayan y parezcan fantasmas en pantalones vaqueros arrastrando los pies por la calles de Bruselas o de Gante. Ya he ha emitido, correctamente una orden de detención y de búsqueda y captura.

El auto de la jueza puede tener un efecto más arrasador que la aprobación de la aplicación del artículo 155 y de las subsiguientes medidas gubernamentales tomadas a su amparo.

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